Luciano Benjamín Menéndez, a horas de un juicio histórico
El 27 de mayo de 2008 será una fecha que quedará marcada a fuego en los registros de la historia cordobesa. Es que la Justicia Federal iniciará el primer juicio en la provincia contra represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En el banquillo estará sentado el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros siete represores.
El juicio se extenderá por unos 45 días, hasta mediados de julio, entre los días martes y jueves de cada semana y en doble turno, según la extensión de las exposiciones en cada jornada. Durante sus instancias declararán 31 testigos, a razón de tres por día, según la previsión e intención de los organizadores.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará y Carlos Otero Álvarez, serán los responsables de llevar adelante el proceso. En tanto, los fiscales a cargo serán Maximiliano Hairabedián, Graciela López de Filoñuk y Jorge Fabián Asis.
La causa
La causa “Brandalisis”, elevada a juicio en marzo pasado por la jueza Cristina Garzón de Lazcano, apunta a esclarecer el asesinato de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que fueron secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977, torturados durante un mes en el centro clandestino de detención “La Perla” y asesinados el 15 de diciembre de ese año, en un simulacro de enfrentamiento montado por los represores en la ciudad de Córdoba.
Los restos de Palacios fueron inhumados en la fosa individual B 326 del Cementerio San Vicente el 3 de agosto de 1978. Tras ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, fueron restituidos a su familia el 8 de noviembre de 2004. Este equipo lleva identificados los restos de otros 13 desaparecidos sepultados clandestinamente en el mismo cementerio.
La investigación sobre esta causa fue iniciada en octubre de 2002 por la fiscal Graciela López de Filoñuk. Casi un año después, en septiembre de 2003, la jueza Garzón de Lazcano ordenó a pedido de la Fiscalía la detención de 11 sospechosos, entre ellos Menéndez. En junio de 2004 la magistrada dictó el procesamiento y prisión preventiva, pero en agosto siguiente la defensa de los militares interpuso un recurso de apelación que fue concedido. En marzo de este año el caso fue elevado a juicio, cuatro meses después de que Garzón de Lazcano corriera vistas a la causa. Para entonces, tres de los 11 procesados ya habían fallecido.
Los imputados
Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Hermes Oscar Rodríguez, Carlos Alberto Vega, Oreste Valentín Padován, Ricardo Alberto Ramón Lardone y Carlos Alberto Díaz son los ocho represores que se sentarán en el banquillo para ser juzgados por este caso. La Justicia les imputó “homicidio agravado”, “imposición de tormentos agravada” y “privación ilegítima de la libertad”.
Dos de ellos (Padován y Lardone) fueron liberados en junio de 2007 por decisión de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal, que consideró que ambos podían esperar el juicio en libertad por no representar “peligrosidad procesal”. Sin embargo, el viernes la Justicia Federal dispuso revocar en forma transitoria la prisión domiciliaria de Menéndez, trasladándolo al Tercer Cuerpo del Ejército por razones de seguridad, y requerir la detención –también transitoria- de Padován y Lardone (permanecerá en el Hospital Militar, en donde está internado) durante el desarrollo del juicio. El imputado Vega permanecerá alojado en el Hospital de Mendoza por padecer cáncer.
Los testigos
Uno de los aspectos más sensibles del proceso es la declaración de los 31 testigos que circularán por Tribunales durante el mes y medio que durará el juicio. Al respecto, los organismos de derechos humanos reclamaron insistentemente que se garantice la seguridad de los declarantes. Con esa intención se sucedieron en las últimas semanas diversas reuniones con autoridades de la provincia para avanzar en la preservación de estas personas. Los organismos esgrimen como peligroso antecedente la muerte del represor Héctor Febres, quien fue envenenado con cianuro horas antes del veredicto del juicio al que era sometido por delitos de lesa humanidad.
El miércoles, la Legislatura provincial aprobó un proyecto de declaración que, entre otros puntos, manifestaba la solicitud de que se transmitiera en vivo por los medios de comunicación las instancias del juicio. Un día después, el Tribunal resolvió no autorizar la transmisión en directo por motivos de seguridad. Además se dispuso toda una serie de condiciones para quienes concurran al edificio judicial. Sin embargo, se permitirá la difusión de los actos iniciales del proceso, la instancia final de alegatos y la lectura de la sentencia.
Pablo Hotton – Diario PUNTAL
