El ex subsecretario de Economía Agraria advirtió además que el comportamiento de los precios internacionales de las commodities, que han sufrido fuertes bajas en pocas semanas, es aún incierto, aunque admitió que “el mejor momento de Córdoba” en materia agropecuaria “ya pasó”. En ese sentido, Ingaramo apuntó que la provincia perdió cerca del 4,5 por ciento de su PBI por “comercializar tardíamente sus granos”, dejando pasar el momento de mayores precios.

Los productores vuelven a la protesta, ¿ha cambiado algo desde el conflicto agropecuario?

La política de precios del agro y de alimentos es la misma de antes, o sea que sigue habiendo restricciones para exportar, destinadas a bajar los precios internos. La ganadería no tuvo ninguna política de estímulo para que el precio de la carne mejore un poco. En este sentido, ni siquiera cumplimos con el cupo de exportación y estamos perdiendo mercado; se exportó entre abril y junio entre un tercio y la mitad del cupo previsto por el propio Gobierno nacional. Ahora han resuelto prohibir las exportaciones de quesos.

O sea, seguimos como siempre…

Las razones para los reclamos son las mismas de siempre, con la diferencia de que los precios han caído y existe la posibilidad de que sigan cayendo. Si el Euro continúa a 1,46 dólares podemos seguir en esta situación, pero si el dólar se sigue recuperando, el tema puede complicarse mucho.

En definitiva, ¿cómo estamos parados hoy y cómo miramos el corto plazo?

Los precios de las commodities cayeron en promedio ponderado un 24 por ciento desde su pico de fines de junio. A futuro no hay un cálculo exacto de lo que puede ser la siembra para la soja y el maíz; pero todo se complica porque la suba de los costos es evidente.

Se retuvieron miles de toneladas sin comercializar en la provincia…

Ahora se está comercializando, el problema es que no hay mucho interés por parte de la demanda. Hoy, si alguien viene a comprar a la Argentina es porque no tiene otra opción.

¿Los productores se desprenden del grano porque necesitan fondos o porque estiman una mayor caída en los precios de venta?

Las dos cosas. El tema es que así como el productor ahora está apurado por vender, el comprador no tiene tanto apuro por comprar, no están alentados. En Argentina encuentran restricciones para exportar, problemas con los embarques y la intervención de la Aduana.

La baja en los precios internacionales

¿Cómo se explica la abrupta baja en el precio de comercialización de los cultivos?

Se justifica en que la demanda no podía pagar aquellos valores. Desde que se produjo el anuncio de la Reserva Federal de que la economía norteamericana tenía problemas más graves de lo que pensaban, a fines de junio, y que paralelamente el Banco Central europeo subió 0,25 puntos la tasa de referencia, en julio, estos dos factores demostraron que la economía mundial está complicada. En ese marco, la demanda no podía bancar una soja a 600 dólares.

¿Quiere decir que los precios máximos que se alcanzaron eran una ficción?

Eran pura burbuja, a raíz de la inyección de liquidez que siguió a la crisis hipotecaria. Hubo una inyección muy grande de dinero que fue a comprar bienes en un momento en que el consumo de commodities del hemisferio norte dependía mucho de la oferta del hemisferio sur. Este proceso encontró muy poco stock y presionó una suba espectacular.

¿Cuál es el panorama del nivel de precios a futuro?

Hay un problema político muy claro, el cambio en la presidencia de los Estados Unidos, que dificulta la predicción. Hay dos horizontes posibles: el de un barril de petróleo de 100 dólares y un euro a 1,40 dólares, lo que puede generar que los granos bajen hasta un 15 por ciento más. El otro escenario es el de una recuperación mayor del dólar –con el triunfo de Barack Obama, por ejemplo- y la caída del petróleo a 85 dólares –por la salida de Irak, por ejemplo- y un euro a 1,25 respecto del dólar. Si se diera esto podríamos volver a los niveles de mayo de 2007, con una soja FOB de 270 dólares. Si eso ocurriera, los superávits gemelos de La Argentina se destruyen. Ahora todos los economistas se están dando cuenta de que somos soja-dependientes.

¿Qué precios internacionales necesitamos para mínimamente mantener el superávit fiscal?

Para mantener el superávit necesitamos un precio de no menos de 400 dólares FOB. Si se baja a 340 ó 350 dólares, ya estamos pegando un salto a situaciones muy complicadas.

¿Puede salir el país de su economía “soja-dependiente” o resultaría ahora complicado?

Con la estructura de gasto público que se ha armado es muy difícil. Hicieron una estructura con un gasto público de 100 mil millones de dólares al año para una soja de 540 dólares. Ahora, lo único que tiene el Gobierno a favor es que si bajan mucho los precios del petróleo se reduce la necesidad de dar compensaciones fiscales y subsidios para ese rubro.

¿Cuál es el camino que se debería seguir?

Hay que hacer políticas difíciles, como ajustar todas las tarifas de servicios públicos, gas, nafta, etcétera. Toda la matriz energética de la Argentina está construida sobre un barril de 42 dólares, cuando ahora cuesta 112 dólares más flete.

¿Cómo vive toda esta situación nuestra provincia?

Córdoba es la primera provincia maicera y sojera. El mejor momento de Córdoba evidentemente ya pasó. Lo ideal hubiera sido vender el grueso de la cosecha en mayo y junio, momentos en que se guardó cerca del 30 por ciento.

¿Cuánto dinero se perdió, o dejó de ganar?

Por la comercialización tardía de ese 30 por ciento, Córdoba perdió cerca de 700 millones de dólares como mínimo. Si toda la cosecha 2007-2008 se hubiera comercializado a los niveles máximos de precios, la pérdida sería de 2.200 millones de dólares aproximadamente, a valor FOB, o sea sin contar retenciones. En definitiva, si por la venta tardía se perdieron 700 millones de dólares y a eso se le agrega un efecto multiplicador de 1,5 veces, más o menos perdimos el 4,5 por ciento del PBI cordobés.

¿Qué cree que hará el Gobierno nacional?

El Gobierno está muy cerrado y no tiene voluntad de cambio. Está sintiendo, en las finanzas públicas, en el menor superávit externo, en la salida de capitales y la pérdida de paridad de los bonos, todos los síntomas del desaguisado que hizo antes. Ahora el PBI crece menos, no creo que más del 3,5 por ciento a valor anualizado de aquí a fin de año. Se ven signos evidentes, como ser las restricciones fiscales, la caída del superávit, los menores envíos a las provincias, la sub-ejecución de la inversión pública y el pago de una tasa exorbitante (7 a 8 puntos superior a la de Brasil) a Chávez.

¿Con todo esto, se puede decir que la crisis económica argentina es inevitable?

Si actúan rápido, podemos tener un costo de menor actividad, que no es lo mismo que caer en la recesión. Si no actúan rápido y los agarra una caída fuerte del precio de la soja, ahí si que vamos a tener una crisis en serio. Encima, el año que viene hay vencimientos de deuda externa como para el campeonato del mundo. A la crisis, como mucho, la pueden postergar hasta febrero o marzo, pero con remiendos. No se ve que sepan manejar la economía cuando con precios internacionales en baja e ingresos nacionales dramáticamente afectados.

Por Pablo Hotton

Randazzo y Schiaretti se reunieron después de semanas de críticas cruzadas

El rostro del gobernador Juan Schiaretti manifestaba relativa tranquilidad, pero distaba de expresar absoluta satisfacción en relación al encuentro mantenido minutos antes con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, y el director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, Osvaldo Giordano. 

Tras innumerables e infructuosas solicitudes de diálogo desde la Casa de las Tejas, las administraciones nacional y provincial dieron finalmente el viernes un importante paso tendiente a la reconstrucción de las dañadas relaciones bilaterales, y compartieron mesa para desgranar uno de los temas de mayor incidencia negativa sobre las inestables arcas provinciales. De dicho encuentro, Schiaretti trajo consigo el compromiso de la Nación de “investigar” las correspondientes responsabilidades de cobertura de los más de 1.600 millones de pesos que suma el rojo del sistema previsional provincial, mediante la realización de una auditoría sobre la deuda de 2008 y la conformación de una comisión especial que determine en el plazo de 90 días el pasivo al 31 de diciembre de 2007. El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afrontaría un porcentaje del pasivo del sistema, pero a esta altura todo es aún una incógnita.

A pesar de los “avances”, que no sólo alcanzaron al área previsional sino también a la cuestión financiera de Córdoba y a su obra pública, el gobernador se negó en todo momento a informar si el reencuentro con funcionarios nacionales después de más de cinco meses de incomunicación oficial a partir de las diferencias de ambas administraciones en el marco del conflicto agropecuario, significó el comienzo de la reconstrucción de las relaciones quebradas. Schiaretti reiteró vez tras vez que la reunión no fue de tipo “político” sino “institucional”. Resulta extraño, o curioso, pensar que dos dirigentes que hasta la semana pasada se escupían duras frases acusatorias se hayan referido sólo a cuestiones institucionales sin tan siquiera hacer mención a la situación que atraviesa la relación entre ambas administraciones.

Algunas de las promesas fueron importantes pero acotadas; reiteraciones de lo que ya existe. La Nación aseguró que cumplirá lo que oportunamente ya prometió en materia de financiamiento y de obra pública; los grandes anuncios estuvieron ausentes. La creación de la comisión especial para auditar la Caja, como así también la impulsión de la auditoría –únicos elementos novedosos-, si bien abren un panorama superador al de días atrás, no generan mayores ilusiones a algunos “pesimistas” del Ejecutivo.

La emergencia previsional, lejos de levantarse

“Si la Nación nos envía los 1071 millones de pesos de déficit que tendrá este año la Caja de Jubilaciones, nosotros dejamos sin efecto la emergencia”, respondió en forma contundente el gobernador Juan Schiaretti tras ser insistentemente interrogado sobre la eventual marcha atrás de la emergencia previsional en caso de que el Estado nacional cubra al menos una parte del abultado déficit del sistema jubilatorio provincial. La estrategia de la Provincia quedó así en evidencia: jugar a todo o nada.

Los dichos del gobernador nos permiten arribar a -al menos- dos conclusiones. La primera de ellas es que la Provincia insiste en “tirarle el muerto” a la Nación, cargarle responsabilidades, sin ser capaz de efectuar una mínima autocrítica y reconocer las falencias (propias y heredadas) en la administración del complejo sistema previsional cordobés. La segunda, y mucho más preocupante, es que la quita de entre el 22 y el 27 por ciento sobre los haberes jubilatorios superiores a los 5 mil pesos (o más que quita el “diferimiento de pago”, según el gobernador, justificándose en el bono a ocho años con que se devolverán las quitas) difícilmente quede sin efecto antes del 31 de diciembre de 2010, fecha estipulada en la normativa.

¿Acaso alguien puede llegar a pensar que la Nación reconocería a Córdoba la totalidad del déficit anual de su Caja previsional? ¿Tiene el gobernador algún grado de esperanza de que esto ocurra, o sus afirmaciones apuntan nuevamente a justificar sus polémicas medidas en las faltas de respuestas de un Gobierno “tacaño” que no quiere cumplir con lo que alguna vez se comprometió?

En definitiva, si la cuestionada emergencia previsional continúa vigente, aunque la Nación cubra una parte importante pero no la totalidad del déficit anual del sistema, no será por errores que deban achacarse al Gobierno de Córdoba sino porque la Nación “discriminó” a la Provincia y no accedió a afrontar el déficit de 2008 en su totalidad. Al menos eso es lo que quieren hacer pensar a los principales afectados.

Imposibilidades de la Nación

Al margen de esto, nada indica que un eventual envío de recursos por parte de la Nación vaya a alcanzar para superar los crecientes problemas de la Caja. Una posible respuesta negativa al finalizar la auditoría no depende sólo de la falta de voluntad política del Gobierno central sino, para peor, de una falta concreta de recursos. Conocidas son las crecientes dificultades que atraviesan las arcas nacionales y la consecuente interrupción en el envío de partidas, no sólo para Córdoba sino para todas las provincias.

Nada nos impide pensar, tampoco, que la reunión del viernes haya sido sólo una puesta en escena de la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien, aún debilitada por el traspié sufrido en el Senado y necesitada de legitimidad en las provincias, podría haber convocado a Schiaretti sólo para aplacar sus insistentes reclamos de diálogo, pateando para dentro de tres meses la discusión de fondo. En definitiva, la reunión entre Schiaretti y Randazzo puede bien haber sido una estrategia para ganar tiempo y silenciar a un mandatario cuyas apariciones en los medios nacionales se incrementan día a día.

Con este cuadro de situación, y optando por ser positivos, podemos llegar a esperar un pronto empujón financiero para tapar parte de los baches que ha producido la Caja en 2008; pero los cientos de millones restantes por cubrir pintan un panorama por demás negativo para Córdoba.

En la reunión del viernes, Randazzo confirmó a Schiaretti el “visto bueno” de la Nación para que Córdoba pueda tomar dos créditos por 100 y 150 millones de dólares cada uno. ¿Serán estos fondos destinados a cubrir gastos corrientes, o será que el nombre del gobernador está primero en la larga lista de escépticos sobre la eventual llegada de un “salvavidas” financiero desde el Estado nacional?

Pablo Hotton

La reciente aprobación legislativa de las resistidas “medidas de emergencia” impulsadas por el gobernador Juan Schiaretti con el objetivo de financiar el resquebrajado sistema económico provincial, paquete que incluye la eximición y elevación de las alícuotas de Ingresos Brutos y la quita de entre el 22 y el 27 por ciento sobre los haberes jubilatorios superiores a los 5 mil pesos -a ser devueltos mediante un bono a ocho años-, parecen ser apenas los primeros pasos, la antesala a movimientos futuros mucho más profundos e impactantes que de seguro terminarán por afectar los bolsillos de los cordobeses y, por ende, a la economía local toda. ¿Se alcanzará en algún momento a las grandes empresas hoy subsidiadas?

Sin la intención de ser apocalípticos, pero realizando una rápida lectura empírica de la situación actual, el “caso cordobés” no puede explicarse sólo en las incorrectas políticas gestadas en los últimos años “puertas adentro” (aunque su aplicación de hecho generó un abultado déficit en las cuentas provinciales), sino que debe hallar también sus causas en los distintos extremos del complejo sistema económico.

Aún más, la crisis financiera cordobesa no puede ser ya resuelta dentro de sus propias fronteras. El tiempo de hacer mea culpa y asumir medidas correctivas “internas” oportunas quedó en el pasado, y las dificultades económicas que comienzan a palparse cada vez con más intensidad en el entramado económico global, nos obligan a apretar los puños con fuerza y aguantar como se pueda. Los tiempos de mayor bonanza fueron desperdiciados por nuestras autoridades provinciales, dejando éstas a Córdoba mucho más debilitada que otras provincias de cara al embate de futuras –o presentes- crisis generales.

De los municipios a la caída de los mercados internacionales

Numerosos municipios y comunas del interior provincial aún no logran recuperarse del fuerte golpe económico que les fue asestado a partir de los más de cuatro meses que duró el conflicto agropecuario. El comercio y la industria ligados a la producción agrícola –en muchas poblaciones principal actividad económica- continúan virtualmente paralizados, produciéndose importantes “recesiones” regionales que terminan por afectar a la economía provincial toda. Las arcas estatales, con los bolsillos ya no tan llenos, no pueden más que tapar pequeños agujeros. La coparticipación provincial se cumple –al menos por ahora-, pero los salvatajes se dificultan. Mientras tanto, las economías regionales continúan debilitándose.

En otra dimensión, la Provincia parece ir un paso por detrás de la cruda realidad financiera que enfrenta, y toma medidas de fuerte impacto social pero de corto plazo; remiendos provisorios que no alcanzan a paliar las crecientes dificultades financieras, o lo hacen sólo de manera provisoria. La suba de los Ingresos Brutos, además de los gravámenes impuestos sobre el juego en ese mismo paquete, inyectarían a las finanzas provinciales unos 800 millones de pesos anuales (sin tener en cuenta el perjuicio que ocasionará la suba de impuestos al sistema productivo y a los bolsillos). Pero aún con la vigencia de esta medida, restaría cubrir un agujero fiscal importante. Paralelamente la inflación crece, los sueldos se ajustan, las partidas de la Nación escasean. ¿No serán insuficientes las medidas impulsadas por Schiaretti? ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que la Provincia deba “tocar” jubilaciones inferiores o modificar nuevamente los impuestos? ¿Qué tanto de “discriminación” hay desde la Nación hacia la Provincia y qué tanto de “imposibilidad” de afrontar compromisos? ¿Es correcto culpar a la Nación de todos nuestros males?

En otro ámbito, el gasto público nacional aumenta, y su sostenimiento se hace imposible en el corto plazo. Un estudio del Ieral de Fundación Mediterránea indicó semanas atrás que el 17 por ciento del total de gastos del país se va en subsidios, y que las erogaciones corrientes aumentaron un 35 por ciento en el primer trimestre del año. A esto se suman los vencimientos de deuda. Esta semana hubo una corrida de los títulos públicos argentinos, lo que provocó un derrumbe en sus precios, además de un alza en las cifras del riesgo país. La confianza se pierde, la Bolsa cae, la economía se debilita, al mismo tiempo que las autoridades nacionales respaldan las cuestionadas mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La Nación quizás discrimina a Córdoba, como advierte Schiaretti, pero tampoco parece tener recursos suficientes como para no “discriminarla”. En envío de fondos a cuentagotas no parece ser tan sólo un mal cordobés, sino una política de recorte extendida al resto de las jurisdicciones –aunque quizás con más incidencia sobre los gobiernos opositores- a raíz de una situación nacional insostenible.

Pero ante esta realidad, el mundo tampoco nos favorece. En apenas un mes el precio internacional de la soja –una de las principales fuentes de ingresos del país- cayó un 34 por ciento, es decir un tercio de su valor; lo que significó a los productores cordobeses la resignación de unos 200 millones de dólares. Esto, sumado a la importante cantidad de soja retenida en los silos del país a la espera del aumento en los precios, prenden una luz de alerta a las cuentas nacionales dependientes de las exportaciones del agro y, mucho más, a los gobiernos provinciales que necesitan de las remesas de un Estado corto de fondos. ¿Cuál será el destino de la economía cordobesa si el envío de recursos nacionales se dificulta cada día más, tanto por defectuosas políticas internas como por situaciones macroeconómicas?

No es momento de echar culpas ajenas

Córdoba no es una isla; depende de todos los eslabones de una economía nacional resentida y con crecientes dificultades, pero también depende de sí mismo. Es cierto que la interrupción de remesas desde la Nación genera una “hueco” a las arcas locales, pero también es cierto que hasta el funcionario menos hábil reconoce que esta situación comenzará a empeorarse día a día y que tendremos que valernos por nosotros mismos, sin poder mirar hacia otro lado.

Es hora de dejar de mirar hacia arriba, para comenzar a mirar hacia el costado y, sobretodo, hacia abajo. Es hora de reconocer responsabilidades, desmanejos, y avanzar sobre medidas que, aunque antipopulares, prevengan situaciones límites cada vez más cercanas, como la indisponibilidad de fondos para pagar salarios, jubilaciones y deuda. Pero también es necesario diagramar medidas de emergencia para prevenir desbordes en las cuentas municipales, seguramente las más perjudicados por una crisis que, más que en puerta, ya es por demás palpable en todos los niveles.

Pablo Hotton

El juicio se extenderá por unos 45 días, hasta mediados de julio, entre los días martes y jueves de cada semana y en doble turno, según la extensión de las exposiciones en cada jornada. Durante sus instancias declararán 31 testigos, a razón de tres por día, según la previsión e intención de los organizadores.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará y Carlos Otero Álvarez, serán los responsables de llevar adelante el proceso. En tanto, los fiscales a cargo serán Maximiliano Hairabedián, Graciela López de Filoñuk y Jorge Fabián Asis.

La causa

La causa “Brandalisis”, elevada a juicio en marzo pasado por la jueza Cristina Garzón de Lazcano,  apunta a esclarecer el asesinato de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que fueron secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977, torturados durante un mes en el centro clandestino de detención “La Perla” y asesinados el 15 de diciembre de ese año, en un simulacro de enfrentamiento montado por los represores en la ciudad de Córdoba.

Los restos de Palacios fueron inhumados en la fosa individual B 326 del Cementerio San Vicente el 3 de agosto de 1978. Tras ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, fueron restituidos a su familia el 8 de noviembre de 2004. Este equipo lleva identificados los restos de otros 13 desaparecidos sepultados clandestinamente en el mismo cementerio.

La investigación sobre esta causa fue iniciada en octubre de 2002 por la fiscal Graciela López de Filoñuk. Casi un año después, en septiembre de 2003, la jueza Garzón de Lazcano ordenó a pedido de la Fiscalía la detención de 11 sospechosos, entre ellos Menéndez. En junio de 2004 la magistrada dictó el procesamiento y prisión preventiva, pero en agosto siguiente la defensa de los militares interpuso un recurso de apelación que fue concedido. En marzo de este año el caso fue elevado a juicio, cuatro meses después de que Garzón de Lazcano corriera vistas a la causa. Para entonces, tres de los 11 procesados ya habían fallecido.

Los imputados

Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Hermes Oscar Rodríguez, Carlos Alberto Vega, Oreste Valentín Padován, Ricardo Alberto Ramón Lardone y Carlos Alberto Díaz son los ocho represores que se sentarán en el banquillo para ser juzgados por este caso. La Justicia les imputó “homicidio agravado”, “imposición de tormentos agravada” y “privación ilegítima de la libertad”.

Dos de ellos (Padován y Lardone) fueron liberados en junio de 2007 por decisión de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal, que consideró que ambos podían esperar el juicio en libertad por no representar “peligrosidad procesal”. Sin embargo, el viernes la Justicia Federal dispuso revocar en forma transitoria la prisión domiciliaria de Menéndez, trasladándolo al Tercer Cuerpo del Ejército por razones de seguridad, y requerir la detención –también transitoria- de Padován y Lardone (permanecerá en el Hospital Militar, en donde está internado) durante el desarrollo del juicio. El imputado Vega permanecerá alojado en el Hospital de Mendoza por padecer cáncer.

Los testigos

Uno de los aspectos más sensibles del proceso es la declaración de los 31 testigos que circularán por Tribunales durante el mes y medio que durará el juicio. Al respecto, los organismos de derechos humanos reclamaron insistentemente que se garantice la seguridad de los declarantes. Con esa intención se sucedieron en las últimas semanas diversas reuniones con autoridades de la provincia para avanzar en la preservación de estas personas. Los organismos esgrimen como peligroso antecedente la muerte del represor Héctor Febres, quien fue envenenado con cianuro horas antes del veredicto del juicio al que era sometido por delitos de lesa humanidad.

El miércoles, la Legislatura provincial aprobó un proyecto de declaración que, entre otros puntos, manifestaba la solicitud de que se transmitiera en vivo por los medios de comunicación las instancias del juicio. Un día después, el Tribunal resolvió no autorizar la transmisión en directo por motivos de seguridad. Además se dispuso toda una serie de condiciones para quienes concurran al edificio judicial. Sin embargo, se permitirá la difusión de los actos iniciales del proceso, la instancia final de alegatos y la lectura de la sentencia.

Pablo Hotton – Diario PUNTAL

En diálogo con PUNTAL, la abogada que representa a un centenar de familias en causas por desapariciones, destacó la política de protección de testigos que se ha trazado y aseguró que con este primer juicio local por crímenes en la dictadura se habrán sentado las bases organizativas para las próximas causas lo que, de seguro, agilizará los plazos.

¿Qué sensaciones se cruzan por su cabeza a tan pocas horas del inicio de este juicio histórico?

Es como volver en cierta forma hacia atrás. Hace 21 años estuvimos a 15 días del juicio, que llevaba 650 causas; y justo en ese momento, estando tan cerca, se declaró el indulto. En esa oportunidad como ya teníamos los efectos de la Ley de Obediencia Debida, iba a juicio sólo Menéndez, porque en el camino habían quedado los otros. Recuerdo que cuando nos enteramos del indulto una de mis colaboradoras se quedó sin voz. Ahora volvemos a estar en esa instancia  pero ya sin indultos, sin leyes de impunidad. Volvemos a sentir la misma sensación pero con una confianza de que ya no se va a interrumpir el proceso y que se va a ir cerrando una historia que a nosotros nos ha llevado muchos años.

Se nota que hay un optimismo importante…

Ayer (por el viernes) fue un día sumamente importante también porque por primera vez siete abogados de derechos humanos hechos solicitado la acumulación de causas por campos y por circuitos. Luego de este caso que se juzgará desde el martes esperemos que ya podamos subir las causas por campos y mostrando toda la estructura del terrorismo de Estado, lo que para nosotros es clave.

¿Cuántos son los casos abiertos en Córdoba?

Hay más o menos 120 casos con querella, pero hay muchos otros que no la tienen.

¿Qué permitiría la unificación por campos?

Así se trabajó en el juicio a la Junta; así se trabajó en la década del ´80 cuando llegábamos con 650 casos. Lamentablemente en Córdoba hubo un criterio equivocado de trabajar por grupo o por imputado, entonces hay un desgaste jurisdiccional, de testimonios. Si nosotros queremos demostrar la responsabilidad de personas que actuaron dentro de la estructura del terrorismo de Estado, lo primero que tenemos que mostrar es la estructura estatal, y dividiendo por partes esto es difícil de lograr. Incluso Menéndez, en una declaración de principios de los ´80, él mismo expresó algunos de los circuitos que se daban, como La Perla y la Unidad Penitenciaria; pero además está el de Malagueño, el de la Fábrica Militar de Aviones y demás. La unificación permitiría  ver cómo iban moviendo las víctimas, cómo se iban eliminando y cuál era el criterio de inteligencia.

¿Cree que esta primera experiencia pueda acelerar la realización de otros juicios en el corto plazo?

A mí me parece que es sumamente importante no sólo acelerar sino comenzar de una vez por todas. Es un comienzo que nos va a ir presentando las cuestiones y preparando para las causas que vienen. Es muy importante comenzar porque una vez instalados desaparece ese estado de ansiedad. Ya va a estar el Tribunal Oral, las estructuras de seguridad para protección de testigos, y toda la organización trazada; esto va a ser una presentación en sociedad. Y cuando quede claro que tienen que venir los otros, este juicio habrá marcado un antecedente que generará naturalmente el aceleramiento de los otros casos.

¿Se han tomado suficientes recaudos de seguridad?

Si, lo único que nosotros decimos es que tiene que hablarse de protección ya que a la seguridad absoluta no la puede dar nadie. Hay que hablar de protección y hacer entender a la gente que hay una responsabilidad y compromiso en el acto de testimoniar. De todos modos, la protección de los testigos ha sido sumamente completa porque incluso la gente tiene psicólogos puestos por el Gobierno para la contención, y van a tener protección de seguridad desde donde vienen hasta el lugar del juicio. Se está haciendo todo lo que se puede hacer. Las falencias que puedan llegar a surgir, que esperemos sean mínimas, se irán aceitando en esta primera etapa en vistas a las próximas; pero insisto en destacar que ha habido una decisión política real de trabajar fuertemente en ese sentido y una colaboración importante de todos los sectores.

¿Hay alguna preocupación mayor, o el ambiente está distendido?

El solo hecho de que este juicio comience, genera serenidad y confianza de que podemos llegar a la Justicia y cerrar un capitulo de la historia de muchos años, y que ha desgastado a tantos. Hay que mantener durante 30 años esto; no es nada fácil. Nos tranquiliza demostrar no sólo lo que ha ocurrido sino también que con el respeto a las leyes se puede llegar a la Justicia.

¿Cree que alguna vez se podrá conocer todo el circuito del terrorismo de Estado?

Hay causas y circunstancias que hemos tratado de sacar a la luz: relaciones con la estructura política, con el clero. Los que salen a la luz como responsables son integrantes de la estructura militar pero no de la estructura total del Estado terrorista. Lamentablemente los juicios no han transferido hasta ahora -aunque espero que con el tiempo lo hagan- el espectro real del objetivo del terrorismo de Estado, para que la gente entienda que no estamos ante un tema del ayer sino ante un proceso que tiene sus efectos hoy.

Pablo Hotton – Diario PUNTAL

El encuentro del gobernador Juan Schiaretti con las cuatro entidades del agro fue apenas la punta del iceberg de un descontento generalizado que con el paso de las horas comenzó a brotar públicamente –y cada vez con mayor intensidad- desde las vísceras de grandes espacios de poder ajenos al sector propiamente político de la provincia, pero ampliamente afectados por un conflicto que no puede ser aún superado, principalmente a causa de la inflexibilidad y contradicciones de un Gobierno nacional que a las claras no entiende que para negociar debe estar dispuesto a ceder.

Tal irrupción de críticas no hizo otra cosa más que erosionar aún más las bases de un Gobierno nacional que, si bien seguirá administrando nuestros destinos sin mayores inconvenientes hasta 2011, deberá gestionar implementando métodos muy distintos a los hasta ahora aplicados.

Luego de que Schiaretti posara para todo el país junto a los principales referentes de la protesta agropecuaria y reclamara al Gobierno nacional una necesaria reducción de las retenciones a las exportaciones de grano, las entidades productivas y comerciales de la provincia aprovecharon el “viento crítico” de cola y se despacharon con durísimos cuestionamientos hacia el modelo kirchnerista, en un mensaje que sin duda habrá calado hondo en la Casa Rosada, sedienta de constante aprobación y reacia a reconocer posturas disidentes. El dato no ocupó mayores espacios en los medios de prensa, tal vez opacado por el conciliador discurso de la presidenta y por el inminente levantamiento del paro –que finalmente no fue-, pero su relevancia es mayúscula puesto que confirma el fin del silencio y de la resignación a guardar bajo llave los puntos de disidencia por temor a represalias.

Críticas al “modelo centralizado”

En forma conjunta, la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, y la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), advirtieron que hay gran preocupación en los sectores que representan por el “modelo de gestión centralizado” que predica y ejerce la administración de la presidenta Fernández de Kirchner, acotando y condicionando a otros estamentos del poder, los cuales ven deteriorado el rol que les corresponde. Tal situación, según las entidades, “genera innumerables problemas en la sociedad toda” afectando a las actividades económicas, provocando desconfianza, inseguridad e incertidumbre. A las claras, las críticas exceden al conflicto puntual con el agro.

Los sectores productivos y comerciales de la provincia apuntaron además que defienden la economía de mercado y la intervención “limitada” del Estado en la misma, pero advierten que todo esto debe darse en un marco de calidad institucional, “del que nuestro país hoy carece”. Asimismo dan cuenta de la falta de resultados del modelo de crecimiento implementado en algunos sectores.

En el mismo sentido la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba expresó su total apoyo al reclamo agropecuario y respaldó a “todo aquel sector que solicite medidas correctivas” al Gobierno nacional, tendientes al “normal desarrollo de sus actividades”. Luego de advertir que Argentina sufre grandes riesgos de “desindustrialización”, los metalúrgicos instaron al Estado a “salir de la Ley de Emergencia Nacional” después de cinco años de crecimiento ininterrumpido e impulsar una nueva Ley de Coparticipación Federal, medidas que muchos gobernadores desean pero que pocos se animan a plantear a viva voz.

Mucho más que un reclamo agropecuario

Ya no es Juan Schiaretti, ni el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Se trata de las principales instituciones productivas de la provincia reclamando necesarios y urgentes cambios. Está claro que a esta altura el reclamo no recae sólo en dar marcha atrás con las conflictivas retenciones móviles sino en reflexionar sobre el modelo de país al que aspiramos y sobre la manera en que nuestros representantes prevén alcanzar tales fines, si es que alguna vez se determinan claramente.

Se trata de llevar a la práctica la prédica de federalismo, abandonando la manipulación mediante amenazas de aquellos que necesitamos de la Caja nacional. Se trata de devolver a cada uno de los Poderes el poder –valga la redundancia- que alguna vez perdieron ante el repetido modelo hiperpresidencialista argentino. Se trata de dialogar y hallar consensos, pero previo a la toma de decisiones unilaterales; se trata de respetar el espíritu de nuestra Constitución nacional y no decidir mediante decretos lo que debe ser debatido en el Parlamento, hoy inocuo. Se trata de dejar crecer, dejar soñar; ofrecer estabilidad, rumbos definidos y sobre todo previsibilidad. Se trata de aprender a ceder, a reconocer errores y a gobernar en pos del crecimiento de un país que no tiene excusas para volver a estancarse.

El conflicto del campo, aún sin definirse, ha quedado en segundo plano ante un reclamo mucho más global en torno al cual se suman sectores que nada tienen que ver con las partes en disputa pero que sufren día a día las consecuencias de la indefinición de políticas de crecimiento concretas y padecen en carne propia la improvisación genética de algunos de nuestros líderes. ¿Será que dilapidaremos esta oportunidad histórica de consolidarnos política y económicamente por la tozudez de unos pocos que parecen haber abandonado las calles para gobernar desde lujosos despachos, ajenos a la realidad?

Pablo Hotton – Diario PUNTAL